En 2018, Alexandre Benalla, ex asesor de seguridad del presidente francés Emmanuel Macron, agredió a dos personas durante las manifestaciones del 1 de mayo. Usurpó las funciones de la policía para interrogar o coaccionar sin tener potestad para ello. Un año después fue detenido en el marco de una investigación judicial por presunto uso indebido de pasaportes diplomáticos usando sus contactos y posición, tras su despido del Elíseo. El 18 de julio, el periódico Le Monde publicó una investigación que demostraba la culpabilidad del ayudante de Macron. Esta investigación no habría sido posible sin las imágenes filmadas por el antiguo militante de France Insoumise, Taha Bouhafs, que se convirtió en un periodista de alto nivel gracias al caso Benalla. En noviembre de 2021, Alexandre Benalla fue condenado por el tribunal de París a tres años de prisión, de los cuales un año bajo vigilancia electrónica, mientras que la Presidencia de la República se limitó a suspenderle durante dos semanas de empleo y sueldo.
En Francia, el 25 de mayo se promulgó la Ley de Seguridad Global, muy similar a la española. Con esta ley, Le Monde seguramente no habría podido llevar a cabo la investigación que destapó el caso Benalla y Taha Bouhafs sería hoy un periodista. Este caso bien podría haberse producido en nuestro país, amparado además por un marco legal que favorece la impunidad de los policias. Desde 2015, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, permite a los cuerpos policiales multar a periodistas y medios de comunicación si difunden imágenes no autorizadas. Javier Raboso, sociólogo y activista de los derechos humanos, llama a este proceso «burocracia-represión» porque en lugar de castigar con la porra o la cárcel, ataca a las “carteras” de los profesionales de la información. El artículo 36.23 tipifica como delito el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando los mismos funcionarios consideren que está en peligro su seguridad. En teoría, no se puede aplicar antes de que las imágenes vean la luz, pero la realidad es muy diferente. Para Sara López Martos, portavoz de No Somos Delito plataforma a favor de la reforma del Código Penal, la Ley de seguridad ciudadana y la Ley de seguridad privada, es «censura previa ya que la policía te multa antes del uso de las imágenes».
López Martos critica el uso de la fuerza, por ejemplo, en un desahucio, «los policías impiden que hagan fotos, amenazándoles, para evitar problemas futuros». El trabajo de documentación se hace así extremadamente tedioso, ya que el agente de policía representa una amenaza constate para el periodista. La ley mordaza –desde su punto de vista-, es una respuesta a la presión de los sindicatos policiales, para conseguir más libertad. «No creo que esta ley corresponda a un problema real, ya que el cuerpo de policía ya está protegido por la ley del derecho al honor» remarcó Martos.
Los delitos que han “azotado” más a los periodistas estos años son los de desobediencia y falta de respeto a los agentes. El simple hecho de no acatar las instrucciones de la policía supone una multa. Una mínima discusión con fuerzas de seguridad, podrían acarrear las mismas consecuencias. Fue el caso de Natalia Díaz, castigada con 700 euros por “falta de respeto y obstrucción», por cuestionar la arbitrariedad en controles de identidad. Según la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), desde 2015 se han puesto más de 100.000 multas por faltas de respeto a la autoridad, en las que sirve exclusivamente la palabra del agente. El número de sanciones impuestas por un artículo de la Ley Mordaza no ha dejado de aumentar y ha superado las 350.000 en 2020, mientras que en 2016 la cifra estaba por debajo de las 200.000. Aunque el estado de emergencia ha desempeñado un papel en este aumento, no es ni mucho menos el único factor del incremento de la represión.
Raboso recuerda la importancia de las imágenes para condenar por racismo a Derek Chauvin, policía racista y asesino de George Floyd. «Si las cámaras no hubieran recogido los hechos, el desenlace hubiera sido muy diferente». La libertad de prensa se ve amenazada y el trabajo periodístico también, ya que sin pruebas no se puede investigar y comprender los contextos. «La gente se ha acostumbrado a esta «nueva normalidad» de no filmar y es difícil volver atrás porque piensan que significa vivir en el caos”, asegura. Raboso observa una drástica disminución de las imágenes tomadas durante los enfrentamientos policiales, lo que conlleva una invisibilización de los abusos policiales.
La libertad de información está en jaque en el corazón de Europa y la ciudadanía no debe dejar de movilizarse para recuperar libertades y derechos civiles, como la manifestación y el derecho a informar, sin la espada de Damocles de acallar a los disidentes o cosas que no gustan a los poderes públicos.
Etiquetas autocensura, derecho de la información, ley mordaza, libertad de información, periodismo, represión policial
