La historia reciente de España -y las elecciones del 28 de abril- no se pueden comprender sin
la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en junio del 2018. El
Partido Popular -en el Gobierno tras siete años- fue desalojado del poder, aparentemente, por uno de
los casos de corrupción más mediáticos: la Trama Gürtel. En la sentencia, no solo se condenaba a
Luis Bárcenas, ex tesorero del partido, a 33 años de prisión; también se apuntaba que la formación
política había sido financiada ilegalmente durante años. No eran casos aislados, sino corrupción
institucional. No obstante, el PSOE no llegó al Gobierno exclusivamente por la trama del Partido
Popular; existía un trasfondo que favorecía que, con una buena estrategia, se pudiesen dar los
apoyos necesarios en el Congreso para lograr la mayoría absoluta de los votos a favor que
necesitaba Pedro Sánchez para expulsar al ex presidente Mariano Rajoy de La Moncloa.
Solo un año antes, en octubre de 2017, se producía la declaración unilateral de independencia en Cataluña
(DUI), lo que provocaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
España está integrada por 17 comunidades autónomas que tienen competencias propias. El
artículo 155 se aplica para que el Estado, en una situación de supuesta vulneración de las leyes y la
Constitución, “intervenga” haciendo “cumplirlas”, tal y como sucedió en Cataluña. La suspensión
de las competencias en el territorio, aunque se ha pensado que es el matiz diferenciador de esta
aplicación, no tendría que darse. O no necesariamente. Como medida, también después del 1-O,
Mariano Rajoy convocó elecciones en Cataluña. El resultado fue determinante para entender los
bloques que, ahora, determinan la política nacional española. A nivel autonómico, es lo que se ha
denominado como el bloque constitucionalista y el independentista. Por un lado, se encontraban
Ciudadanos y el PSC-PSOE (el primero, ganó las elecciones con poco más de un 27% de los votos
y el segundo, contó con un 11,78% de ellos) y por otro lado, JUNTSxCAT y ERC-CatSí (21,75% y
23,75% de los votos, respectivamente). La cuestión catalana pasaría a ser el foco del debate en todo
el país, articulándose dos grandes bloques, con matices, en torno al concepto de la unidad de
España. Así, estarían (a rasgos generales) por un lado Ciudadanos y el Partido Popular y por otro,
PSOE y Unidas Podemos.
Volvamos al principio. Cuando se dicta la sentencia de la trama de corrupción Gürtel, el
secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ve la opción de sacar adelante una moción de censura.
Esta, es un instrumento que puede usar la oposición, que debe ser la décima parte de los diputados,
para exigir responsabilidades al Gobierno y en última instancia, expulsarlo del poder. Fue lo que
sucedió con Mariano Rajoy. Para que la actuación fuese un éxito, Sánchez necesitaba el apoyo de
los partidos nacionalistas catalanes, una cuestión que se tornaba complicada teniendo en cuenta que
el Partido Socialista es una formación histórica en España, que dibujó en panorama del bipartidismo
hasta 2015 -con la irrupción de Ciudadanos y Podemos- y que, en definitiva, entiende que la
soberanía reside “en el conjunto del pueblo español”, es decir, que no existe la posibilidad de que un
territorio dentro del Estado ejerza el derecho de autodeterminación. La moción de censura fue
finalmente un éxito y contó con el apoyo de Unidos Podemos, Compromís, Nueva Canarias y los
partidos nacionalistas catalanes y vascos: PDeCAT, ERC, Bildu y el PNV.
La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, en una minoría de 84 diputados, no estuvo exenta
de polémicas. De hecho, ha llegado a recibir el título de Gobierno del marketing político. Por una
parte, los numerosos decretos leyes, criticados por la oposición bajo el argumento de que su
naturaleza es “excepcional”, no una norma, o las medidas de lo que han denominado como “viernes
sociales”, con políticas centradas en la “justicia social». Por otro lado, medidas controvertidas en
una sociedad, todavía, con heridas abiertas del franquismo como exhumar los restos del dictador del
Valle de los Caídos. Además, el Gobierno apostó por la fuerte presencia de mujeres e incluso se
autodenominó como feminista. También acogió a los migrantes del Aquarius en las primeras
semanas de mandato.
En realidad, este PSOE tenía mucho de marketing pero mucho, también, de trasfondo
ideológico y de estrategia electoral. No fue gratis; se estaba tejiendo el caldo de cultivo aupado por
un contexto internacional que daba argumentos a la extrema derecha. Vox empezaba a hacer ruido
con un discurso racista, machista, con el concepto España (en una dicotomía frente a Cataluña) en
cada mensaje emitido en redes sociales o en medios de comunicación masivos y con medidas como,
por ejemplo, ilegalizar los partidos nacionalistas catalanes, suspender las autonomías e incluso
levantar un “muro infranqueable”, en un intento de compararse con Donald Trump. Era la maniobra
perfecta del PSOE: despertar a Vox, que las formaciones conservadoras (Partido Popular y
Ciudadanos) se peleasen en esa extrema derecha para, así, hacerse con el centro. Y así fue.
Progresista, ecológico, feminista. Estos fueron solo algunos de los conceptos que han
determinado los escasos ocho meses de Gobierno antes de la convocatoria de elecciones de Pedro
Sánchez. Mientras el Gobierno socialista presumía de “viernes sociales” caracterizados por medidas
a favor de lo que ellos denominan como “progreso” y “justicia social”, Vox producía un discurso
contra-hegemónico alrededor de la cuestión de la violencia machista, los migrantes, la supuesta
regeneración y sobre todo, acentuaba la crispación con la cuestión catalana. El partido de extrema
derecha llevaba las riendas y el Partido Popular, con Pablo Casado y Ciudadanos, con Albert
Rivera, bailaban en sintonía con Abascal, adaptando su discurso y llevándolo cada vez más hacia
esa extrema derecha. Para el PSOE, era el contexto electoral perfecto para polarizar el voto en unas
hipotéticas elecciones que ya no estarían determinadas por la izquierda o la derecha, el arriba o
abajo, sino, en representación de los dos bloques, por el miedo, acentuado por la estrategia de
Sánchez con esa idea de ‘voto útil’ para frenar a Vox y, por otro lado, el cabreo de los que apelaban
a la “unidad de España”.
En febrero de este mismo año, el Congreso de los Diputados rechazaba los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2019. Así, el PSOE convocaba elecciones tras ocho meses de
Gobierno. En ese contexto, llegamos a una campaña electoral marcada por la cuestión catalana,
pero también por la movilización extraordinaria del movimiento feminista, las crisis migratorias, el
desencanto con la política y los políticos -y en general con las instituciones-, los datos del
desempleo, de la precariedad y las, aún recientes, tramas de corrupción del bipartidismo en España.
Para medir el clima de la opinión pública en campaña, recurrimos a los datos del Barómetro
preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el estudio realizado, midiendo
la agenda pública y la personal, para los ciudadanos, el primer problema del país es el paro (39,5%).
La tasa de desempleo, según los datos del último trimestre del Instituto Nacional de Estadística
(INE), es del 14,7%. Por detrás, los entrevistados apuntan que los políticos, los partidos y la política
(12,8%) es uno de los temas más preocupantes de España, sin dejar de lado la corrupción y el fraude
(11,9%).
En lo relativo a la agenda personal, es decir, respondiendo a la cuestión de ¿Cuál es el
problema que más afecta a su vida? los temas, a excepción del que coincide siempre, que es el paro,
varían: un 22,3% piensa que no tener empleo es el problema que más le afecta; un 12,5% dice que
son, en general, los problemas de índole económica y un 8,7% apunta que el mayor problema
personal son las pensiones. Estos datos, hay que tenerlos en cuenta en un contexto de un 41,6% de
indecisos y con una intención de voto que, por aquel entonces, era el PSOE, un 18,9%; Partido
Popular, 8,5%; Ciudadanos, 7,1%; Unidas Podemos, 5,5% y Vox: 3,8%. Las cifras no son solo
informativas, ya que determinarán, en parte, la cobertura de los partidos políticos en campaña
electoral y explicarán, en buena medida, sus estrategias.
El 12 de abril comenzaba, oficialmente, la campaña electoral para las elecciones generales
del 28A. Ante la aparente tranquilidad, la televisión pública y sus trabajadores se convertían, pronto,
en el foco de la polémica. El dilema entre la vocación de servicio público de TVE frente a la lógica
(en un contexto en el que ya no cuestionamos la liberalización) de la tiranía de las audiencias y el
beneficio económico de las corporaciones de medios de comunicación privados, cobró un fuerte
protagonismo. Según los datos del barómetro preelectoral del CIS, un 62,3% de los entrevistados
apuntaban que el medio predilecto para consumir información sobre asuntos políticos y de campaña
electoral era la televisión. Con estas cifras, se podía intuir que la estrategia que se hiciese en la
televisión para captar a los indecisos (un número, por cierto, muy elevado) era determinante. Y
también peligrosa.
El grupo de comunicación privado Atresmedia convocaba a los cinco partidos políticos con
mayor intención de voto (PSOE, Partido Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox) a un debate
electoral. Un día después, la televisión pública (TVE) proponía otro debate en el que excluía al
partido de extrema derecha Vox por no contar, todavía, con representación parlamentaria. Como se
ha apuntado, la estrategia de Pedro Sánchez pasó, desde el primer momento, por polarizar el voto
con Vox y apelar, en base al miedo, al voto útil. Por ello, decidió acudir, en un primer momento, al
debate de Atresmedia, provocando una profunda polémica por el rechazo a la televisión pública.
Los trabajadores de la TVE mostraron su indignación y comenzaron a movilizarse, en un claro
ejemplo de lucha por el servicio público y de defensa del derecho a la información -que se
presupone plural e independiente- de la ciudadanía.
Después de varias maniobras, la Junta Electoral Central (JEC) se pronunciaba, obligando a
Atresmedia a reformular el debate por entender que el partido de extrema derecha Vox no tenía
representación parlamentaria y por lo tanto, no podía salir privilegiado. Cambiando la estrategia
ante la ausencia de Vox, la presión social y de los periodistas de TVE, Sánchez decide acudir solo al
encuentro en la televisión pública. Entonces, el resto de candidatos empiezan a ejercer presión para
que acuda a los dos debates. Finalmente, los cuatro candidatos acuden a las dos citas: en TVE y en
Atresmedia.
Los temas que han entrado en campaña electoral -reflejados en los debates de TVE y
Atresmedia, que se han diferenciado sobre todo por el tono, el de la televisión pública más
comedido, mientras que el de la privada mucho más crispado- se podían entrever al analizar las
agendas personal y pública. Así, se ha hablado, sobre todo, del paro y la economía, las políticas
sociales, la política territorial -Cataluña-, la regeneración y la corrupción. El PSOE de Pedro
Sánchez, con el objetivo de legitimar los ocho meses de Gobierno, afrontó los encuentros desde una
posición presidencialista. El Partido Popular recurrió, sobre todo, a los datos de empleo de
Gobiernos conservadores pasados, como el de José María Aznar (1996-2004) o Mariano Rajoy
(2011-2018). Pablo Iglesias, de Podemos, aludió a las cuestiones sociales, entre ellas la violencia
contra la mujer o las pensiones. El candidato Albert Rivera, del partido liberal Ciudadanos, insistía
en la necesidad de un contrato de empleo único.
En lo relativo a la cuestión catalana, que es la que más confrontación provoca entre los
candidatos, los bloques son dos: el PSOE y Unidas Podemos, que apelan a “unidad en la diversidad
y diálogo” y “Estado plurinacional”, respectivamente. Mientras, el Partido Popular y Ciudadanos
insisten en que no se puede negociar con los que “quieren romper España”, en alusión no solo a los
partidos “independentistas”, sino también al PSOE y a Unidas Podemos, por entender que la
solución no pasa por el diálogo, sino por la aplicación del artículo que interviene las autonomías.
Por lo tanto, los pactos con los que denominan como “golpistas”, son “inadmisibles”.
Los debates electorales son un formato privilegiado que, en España, congrega audiencias en
torno a nueve millones de espectadores. En este sentido, en un contexto determinado por la
infoxicación y la desinformación -acentuada en campaña electoral- en el que los partidos políticos
difunden bulos no solo por redes sociales tecnológicas como Twitter y Facebook, sino también por
privadas como Whatsapp, existen iniciativas como Maldito Bulo que realizan un proceso de
verificación de la información. El objetivo es, como su lema indica, que no nos la “cuelen”.
Así, Maldita, firmante del Código de Principios del IFCN, realizó la verificación de los datos y los
mensajes emitidos por los candidatos en ambos debates, contabilizando 27 imprecisiones o mentiras
en total de las que nosotros asumimos 29, puesto que se han tenido también en cuenta los datos
falsos emitidos por Pablo Casado en torno al empleo y las imprecisiones.
Con los datos extraídos de la web de Maldito Bulo, se ha optado por clasificar las
afirmaciones de los candidatos en base a cuatro criterios: falsedades sobre el contexto social,
político y económico actual, sobre supuestas medidas que no han tenido lugar, ataques al oponente
y por último, un apartado reservado a otras cuestiones que, a nuestro juicio, no tienen un peso
especial en el debate.
Al hacer la comparativa, sorprende la escasa utilización de argumentos falsos por parte de
Ciudadanos y Podemos en comparación con el PSOE y sobre todo, el Partido Popular. Pablo
Casado dejó, entre los dos debates, un total de siete afirmaciones falsas de supuestas medidas
impulsadas por el PP en el pasado, diez ataques al oponente, que fue en todos los casos Pedro
Sánchez, y dos falsedades sobre el contexto político, social y económico. Por otro lado, el secretario
general del PSOE apuntó tres supuestas medidas impulsadas que no se correspondían con la
realidad y dos ataques, dirigidos al Partido Popular y a Ciudadanos.
La alternancia del bipartidismo que ha marcado el poder en España hasta 2015, provoca que
hayan sido el PSOE y el Partido Popular los que han hecho uso de argumentos sobre medidas que
son imprecisas o falsas. En concreto, Pablo Casado expresó mensajes falsos sobre empleo,
desahucios, igualdad y pensiones. Mientras, Sánchez lo hizo sobre empleo, inmigración e igualdad.
Siguiendo a Entman (1993) un encuadre tiene la función de definir un problema, interpretarlo, darle
una evaluación moral y una solución. En base a esta definición, se plantea un análisis de los frames
utilizados para enmarcar los argumentos falsos por parte de los candidatos, con la intención de
comprender el motivo y el trasfondo de su intencionalidad política.
El marco de Sánchez en torno a las medidas falsas o imprecisas impulsadas por el PSOE
después de la moción de censura se centra, sobre todo, en el empleo. Y lo hace bajo dos
argumentos: la temporalidad y la explotación laboral. El Frame maestro (Snow, Benford, 1992) ha
sido el empleo digno. Sánchez afrontó el debate, en la línea de lo que había hecho en general en
campaña electoral, desde una posición presidencialista y la intención parecía ser, en este sentido,
desmontar el mito de la mala gestión económica de la izquierda.
Por su parte, el candidato del Partido Popular, Pablo Casado, se apoyó en los Gobiernos del
Partido Popular, haciendo referencia explícita a los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y
Mariano Rajoy. De hecho, el discurso tenía como idea clave la legitimidad, que se podía observar
en el propio hashtag de campaña: #ValorSeguro. La intención parecía ser reforzar la idea instaurada
en el imaginario colectivo de la ‘buena gestión’ como patrimonio de la derecha. “Hemos gobernado
en los 90 y en 2010 y hemos creado más de seis millones y medios de puesto de trabajo”, mientras
que “Zapatero creó tres millones y medio de parados”. El resumen a esta cuestión, basado en un
argumento también falso: “El PSOE nunca ha creado empleo”. En definitiva, se puede percibir una
dicotomía en torno a un tema: empleo.
Mientras que el candidato socialista Pedro Sánchez emitió bulos o imprecisiones de
supuestas medidas impulsadas en torno a la inmigración (“reducción drástica de llegada a nuestras
costas”), la igualdad (“este Gobierno ha puesto en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género con 200 millones de euros”, lo cual era una imprecisión ya que la medida figuraba en los
PGE de 2018, durante el mandato de Mariano Rajoy) y el empleo (supuesto plan de empleo digno
que “regularizó 190.000 contratos temporales en indefinidos”, cuando habían sido 61.445), el
candidato del Partido Popular, Pablo Casado, aprovechó la economía -frame principal- para emitir
bulos sobre otras cuestiones: “Reducción de la brecha salarial”, la supuesta “revalorización de las
pensiones” o que, según apuntaron, se habían “parado 50.000 desahucios con el Código de Buenas
Prácticas del Partido Popular”.
Los mensajes de ataques a los oponentes -entendiendo el concepto como la crítica al partido
político o candidato en cuestión, por lo que pudieran coincidir con bulos sobre medidas falsas o del
contexto- basados en la desinformación, también encontraron su lugar en los debates, especialmente
en el de Atresmedia, caracterizado por las interrupciones constantes. Se contabilizaron dos ataques
de Pedro Sánchez, diez de Pablo Casado y dos de Albert Rivera. Atendiendo al mapa, se pueden
visualizar las palabras clave en el discurso -y el número de veces empleadas- por parte de los
candidatos para atacar al contrincante. En el caso de Cataluña, el Partido Popular habla de
conceptos como Golpe de Estado para referirse al referéndum del 1 de octubre o acusa a Sánchez de
pensar en indultos a presos como, por ejemplo, Oriol Junqueras. Mientras, Ciudadanos menciona
los “inadmisibles” pactos con los que quieren “romper España”, en referencia al presidente de la
Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Además, merece atención el caso de Pablo Iglesias: emitió
mensajes de ataque, evidentemente, pero Maldita no ha detectado argumentos falsos.
En este sentido, el candidato Pedro Sánchez centró su crítica en la acusación al líder del
Partido Popular, Pablo Casado, por haberle dicho (supuestamente) que tenía “las manos manchadas
de Sangre”, en referencia a los pactos con Bildu, que en el PP relacionan con la banda terrorista
ETA. Por su parte, Pablo Casado focalizó su ataque con argumentos falsos en un único oponente:
Pedro Sánchez. Para ello, se valió del argumento, por un lado, de los “negocios con los
independentistas”, en referencia a los pactos y a la moción de censura, “los indultos” a presos del
procés “a cambio de escaños” y por otra parte, del ataque al expresidente del PSOE en España
desde 2004 hasta 2011, José Luis Rodríguez Zapatero y al actual presidente también socialista
Pedro Sánchez, por sus respectivas gestiones en el ejecutivo. El Partido Popular resume su ataque,
con un argumento falso, con un concepto central: “El PSOE nunca ha creado empleo”.
El último criterio para la clasificación de la difusión de bulos en los debates, que es el del
contexto, tuvo un protagonismo mucho menor. El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias,
emitió un mensaje falso sobre el contexto relacionado con la situación de España con respecto a la
Unión Europea en “términos de justicia fiscal”, mientras que Albert Rivera, de Ciudadanos,
manifestó un argumento falso en estos términos: “Soy el único candidato que está diciendo
claramente quién está en su preferencia de Gobierno”, apuntaba, cuando en realidad Iglesias había
manifestado en diversas ocasiones su preferencia de Gobierno en coalición con el PSOE. Por otro
lado, Rivera criticó en dos ocasiones a Pedro Sánchez utilizando argumentos falsos. En uno, se
refirió a las supuestas “21 medidas pactadas con Quim Torra» -no siendo verdad- y en otro, emitió
un bulo en el que apuntaba que Pedro Sánchez había colocado “a dedo” a la presidenta de la
televisión pública, Rosa María Mateo, cuando fue escogida en el Pleno del Congreso de los
Diputados por mayoría absoluta.
Finalmente, el vencedor de las elecciones generales del 28 de abril -como apuntaban las
encuestas- fue el PSOE, con 123 diputados, seguido del Partido Popular, que tuvo tan solo 66. La
tercera fuerza fue Ciudadanos, con 57 escaños; la cuarta, Unidas Podemos, con 42 y por último, el
partido de extrema derecha Vox, que sacó 24. El próximo 26 de mayo se celebrarán también las
elecciones autonómicas y las municipales, coincidiendo con las europeas. En este sentido, Bruselas
ha exigido medidas de “transparencia total” a empresas como Facebook y Twitter, como la
eliminación de cuentas falsas o sospechosas o la limitación de visibilidad de sitios que promueven
la desinformación. Por otro lado, Google ha lanzado la iniciativa Project Shield para defender a las
webs de noticias y además, ha actualizado las políticas de privacidad para informar a los usuarios de
qué empresas o entidades están detrás de la publicidad electoral.
Medios y periodistas tienen que hacer “participar a las audiencias, conversando con ellas o
reconociendo los errores cometidos con explicaciones” (Fernández-García, 2017). El conjunto de la
sociedad debe caminar hacia el empoderamiento ciudadano y la alfabetización mediática, en la
lucha por la búsqueda de una información contrastada, veraz y plural que, no en vano, es el sustento
de nuestras democracias. Y es que no solo está en juego el derecho a la información de la
ciudadanía y la libertad, sino la misma convivencia. Al final, las fake news o los bulos no son más
que un ejercicio de manipulación a través de una polarización alimentada por la emoción más
perjudicial: el odio.
