Incertidumbre sobre la elección por concurso del Presidente de RTVE

Concentración de los medios • by

 

Los nuevos partidos con representación parlamentaria, Ciudadanos y Podemos, instan al resto de fuerzas, a contrarreloj, para llevar a cabo la renovación del Consejo de Administración de la corporación pública.

 

El pasado septiembre, se aprobó en el Pleno la reforma de ley para la elección de cargos del Consejo de Administración de RTVE, incluido el Presidente de la corporación.

La reforma es el principio de una serie de cambios que pretenden acercar la administración de RTVE a un modelo más eficiente y transparente que permita, tal y como piden los impulsores de la propuesta, acabar con los vetos, las purgas, los “repartos a dedo” y la manipulación. A día de hoy, los sueldos de los altos cargos directivos de RTVE no son públicos, hay  falta de transparencia en la gestión, en la contratación (acusada de arbitraria) o en la publicidad de las actas de las sesiones del Consejo (que son inexistentes).

Bajo sus propias palabras, los trabajadores de la cadena denuncian censura, fuertes presiones políticas, malas prácticas informativas y un largo etcétera. Dentro de las últimas englobarían, además: «falta de rigor, errores, parcialidad, descontextualización, escasa o nula pluralidad y minimización de acontecimientos relevantes«. Se trata, por tanto, de un ambiente tachado de opacidad, en un servicio público tradicionalmente concebido como garante de independencia y libertad informativa.

Pese a la presión de los nuevos partidos en el Congreso y del Consejo de Informativos de RTVE, las fuerzas mayoritarias y más consolidadas (léase PP y PSOE) afirman la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el plazo fijado a causa del periodo vacacional parlamentario, previsto para Enero, y la pasada campaña de las elecciones catalanas del 21D. Dichas formaciones son más cercanas, asimismo, a la idea de un régimen administrativo continuista. El motivo, sin embargo, por el cual se reclama una intervención inmediata es precisamente la necesidad de recuperar la confianza de la audiencia, que ha sido muy dañada por el lastre de inestabilidad administrativa predominante en los últimos años y la falta de credibilidad.

La reforma plantea que el Consejo se componga por diez miembros, seis designados por el Congreso y cuatro por el Senado, que se elegirían por concurso público con la participación de un Comité de Expertos designados por los grupos parlamentarios. La propuesta inicial de Consejo fue concebida para integrar a doce individuos y este fue el acuerdo alcanzado entre partidos. Sin embargo, los sindicatos se quedaron sin representación tras el error de diputada socialista en la votación de una de las enmiendas. Finalmente la decisión iría a cargo de las Cámaras con la aprobación de 2/3 en primera vuelta. O con el apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios, en la segunda.

Para que la reforma sea posible, las diferentes fuerzas políticas españolas deberán llegar a un acuerdo en la elección del Comité de Expertos y así poner en marcha el concurso para elegir al Consejo y su Presidente.

De los partidos que iniciaron la propuesta: Podemos, PSOE y Ciudadanos, ha sido este último el primero en lanzar un borrador. Entre sus medidas destaca la elección de un Comité de Expertos que exija a sus integrantes una profesionalidad y una trayectoria reconocida de al menos diez años en el ámbito de la comunicación. Así mismo, cada grupo parlamentario designaría a dos candidatos para el Comité, uno de cada sexo, para escoger a cinco del total. La medida pretende reducir el peso de la representación política en el Consejo y aumentar, a su vez, la calidad de sus integrantes.

Inmerso en el citado panorama, diciembre se presenta como el mes que decidirá el modelo futuro de la gestión de los medios públicos en España, que se debate entre el continuismo por el que apuestan los partidos tradicionales o las reformas administrativas por las que abogan las nuevas fuerzas.

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