30 septiembre 2021 • Ética y libertad de expresión, Reciente • by Humberto Mario Consuegra Cardozo

En el ranking actual de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Colombia ocupa el puesto 134; en comparación con el año pasado, el país retrocedió cuatro lugares y es previsible que la libertad de prensa en el país sudamericano siga deteriorándose. Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP),  explica a EJO la situación de la libertad de prensa en Colombia

Condiciones estructurales

Sin duda, las condiciones de trabajo y los salarios de los periodistas son un factor importante que influye en la libertad de prensa en Colombia. Así lo demuestra el estudio titulado «Cartografía de la Información: Viaje por las grietas de la información en Colombia». El análisis realizado por el Centro de Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, entre 2015 y 2018, mapeó 994 municipios escenario de conflicto armado. Con excepción de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, donde se sabe que hay suficiente oferta de medios.

El objetivo del estudio era conocer las condiciones económicas y laborales en las que trabajan los medios de comunicación y los periodistas y analizar en detalle el alcance de la guerra en el periodismo en las regiones para identificar cómo influyen en la libertad de expresión en las regiones del país. Los resultados muestran las precarias condiciones de trabajo de los periodistas que no trabajan en las grandes ciudades principales. Para ello, se entrevistaría a 2100 periodistas. El 60% de los encuestados devengan menos del sueldo mínimo colombiano. En 2021, el salario mínimo colombiano es de $908.526 pesos colombianos mensuales, y el auxilio de transporte, que no se le otorga a todas las personas, es de $106.454 pesos colombianos. Esto corresponde a unos 227 euros aproximadamente. El 20% de los periodistas entrevistados en el estudio reciben entre 227 y 450 euros al mes. Es decir, uno o dos salarios mínimos legales colombianos. El 20% restante estaría por encima de los dos salarios mínimos colombianos.

«Es muy importante hablar de las precarias condiciones laborales de los periodistas y señalarlas. Muchos periodistas ni siquiera tienen un contrato de trabajo», dice Jonathan Bock, “Además, necesitan asegurarse de cumplir con la llamada «cuota de publicidad».

Quizás la afirmación anterior no suena ofensiva, pues en Europa muchos de los periodistas tampoco cuentan con un contrato fijo. Por el contrario, trabajan por prestación de servicios para diferentes medios, lo cual muchas veces es incluso más provechoso. Sin embargo, Jonathan Bock se refiere exactamente a otra realidad: “Aquí en Colombia hay una modalidad que se llama la de cupos publicitarios”.

Esta modalidad se puede describir de la siguiente forma: Un empresario compra tiempo de emisión en un medio de comunicación. Después, subarrienda este espacio a periodistas. A partir de este momento, el periodista tiene, digamos, una hora al día, por ejemplo, en una estación de radio, y tiene que pagar al empresario, por ejemplo, dos o dos millones y medio de pesos colombianos, es decir, unos dos salarios mínimos colombianos.

Para poder pagar el alquiler del tiempo de emisión y generar ingresos, el periodista debe vender publicidad. «Por supuesto, esto pone a los periodistas en una situación muy incomoda, ya que deben, al mismo tiempo que realizan el oficio del periodismo, la investigación para poder informar, tienen que realizar la labor de mercadeo, por así decirlo. Necesitan atraer a los anunciantes para poder financiar sus emisiones de radio y poder ganarse la vida por sí mismos.”  continúa diciendo “Esto genera sin duda, relaciones tóxicas entre periodistas y funcionarios públicos, incluidos alcaldes, empleados gubernamentales, empresas de acueducto y alcantarillado, y compañías de licores, estas últimas generalmente tienen el presupuesto publicitario más alto», explica Jonathan B. «Este flagelo les resta independencia periodística a los medios de comunicación y a los periodistas.», agrega el director de la FLIP.

Este “flagelo” ha existido en Colombia durante mucho tiempo. Los periodistas y los medios de comunicación dependen de la publicidad de agencias estatales y empresas privadas, que a menudo persiguen los mismos intereses que el gobierno. Esto tiene un impacto directo en los medios de comunicación y en la información que difunden. También facilita que los anunciantes presionen a los medios de comunicación para que publiquen información en interés de sus haberes y, a veces, se abstengan de publicar información relevante para el público. «En algunos casos, se supone que no hay independencia del medio para informar. Esto se ha hecho más evidente, especialmente en los últimos años», añade  Bock.

También hay que entender que el sistema de medios colombiano es un sistema muy limitado. Los medios de comunicación principales están en manos de los grupos empresariales económicamente más importantes o pertenecen a los grupos empresariales con mayor cantidad de intereses en otros sectores, como el financiero, el político, el jurídico o el social.

Como resultado, la independencia de estos medios de comunicación es puesta constantemente en tela de juicio. “Los principales grupos que tienen medios de comunicación son además grupos que tienen intereses en la banca.”, afirma.

Censura y autocensura

Las prácticas de manipulación en la publicidad política en los medios audiovisuales, la prensa y las plataformas en línea van acompañadas de intimidación. En la mayoría de los casos, son los grupos armados ilegales los que cometen estos actos de violencia en muchas regiones de Colombia. En algunos casos, sin embargo, son los gobiernos locales o sus contratistas cercanos los que ejercen esa presión y violencia.

La dependencia económica y la violencia tienen un efecto perjudicial en la relación entre la prensa y la información de los medios de comunicación. Estas condiciones influyen en el compromiso de los periodistas y en la fiabilidad de su trabajo. «Además de la violencia y la dependencia económica, hay casos en los que la violencia y la presión sobre la prensa provienen del propio Estado. Hay casos de espionaje y persecución de periodistas que involucran a autoridades estatales. Este también ha sido el caso en los últimos años», señala Jonathan Bock.

En Colombia, un promedio de entre 150 y 200 periodistas son amenazados cada año. El factor miedo y el riesgo de que el periodista pierda su propia vida o, a menudo, incluso la vida de familiares o seres queridos, obligan a muchos periodistas a la autocensura como método de autoprotección.  «En los últimos 40 años, 161 periodistas han sido asesinados», afirmó el director de la FLIP.

Estos asesinatos han sido cometidos a menudo por grupos armados, bandas criminales e incluso, presuntamente, por órdenes y en trabajo conjunto de las fuerzas armadas y representantes del gobierno colombiano. Según declaraciones del ex-paramilitar Salvatore Mancuso, publicadas en varios medios colombianos como el diario “El Espectador” y en la «La W” Radio, muchos de estos actos de violencia fueron órdenes del gobierno de turno. “Eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaban a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar.” declaró Mancuso por videoconferencia, desde una cárcel en Estados Unidos en la audiencia como parte de la investigación de Justicia y Paz del tribunal de la ciudad de Medellín, en referencia al asesinato de periodistas, líderes y representantes de organizaciones de derechos humanos.

Estos hechos violentos han configurado además muchos lugares en Colombia. De los 994 municipios mapeados, 578 corresponden a la zona de silencio, es decir, lugares donde no hay medios que produzcan contenido periodístico local. A estos lugares se les otorgó el nombre de «Desiertos de Información» por medio del estudio «Cartografía de la Información» del centro de estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia.  Estas restricciones al periodismo son evidentes en Colombia en varias regiones, como el sur y el norte del Cauca, en la costa del Pacífico, en el Catatumbo, en Arauca o al sur de Córdoba.

“Toda esta radiografía evidentemente le ha puesto muchas cadenas al periodismo de investigación. Es uno de los géneros que más ha desaparecido de la parrilla de los medios de comunicación.” continua Bock “Los periodistas en esas zonas saben mucho más de lo que pueden decir, digamos por miedo de publicar dependiendo que información. Evidentemente esa violencia contra la prensa ha marcado unos puntos ciegos en el país y ha generado unas limitaciones muy grandes para el periodismo en general y para el periodismo de investigación particularmente” sentencia Jonathan Bock.

 Adicionalmente, en la última década se ha hecho evidente el uso de las herramientas jurídicas para intentar silenciar a periodistas. Entre 2016 y 2021 la FLIP documentó 162 casos de acoso judicial contra periodistas. Algunos abogados y figuras públicas utilizan los tribunales para censurar mientras afirman que el derecho al honor y a la buena reputación está por encima de la libertad de expresión. “Esto se está viendo en muchos temas, como cuando se investiga al interior de la iglesia católica, o cuando periodistas investigan intereses de algunos abogados, se presenta una avalancha de acciones jurídicas en contra de los periodistas que los ponen en el escenario judicial, lo cual es por supuesto algo muy riesgoso en términos de libertad de expresión.”  sentenció J. bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia.

Paro Nacional Colombiano 2021

El escenario de las protestas en Colombia se ha convertido en un ambiente hostil y violento para el ejercicio del periodismo.  Los casos de ataques a la prensa en el contexto de la huelga nacional durante la cobertura de las manifestaciones desde el 28 de abril reflejan un panorama de violencia contra la prensa en Colombia.

La FLIP, en lo que va de año, ha documentado 436  violaciones a la libertad de prensa desde que empezaron las manifestaciones el 28 de abril de 2021. Un total de 356 periodistas han sido víctimas de agresión. Según la  FLIP, 193 de estos ataques fueron realizados por la fuerza pública por medio de «disparos de armas de fuego directos a periodistas, ataques físicos, pero también mediante golpeas con el escudo o los bolillos de dotación, como  también con patadas y puños».

Varios videos que circulan por diversas redes sociales, algunos también publicados por varios medios de comunicación, muestran la desproporcionalidad del uso de la fuerza por parte de agentes de policía y fuerzas especiales contra periodistas. En todos los casos, los periodistas estaban plena y visiblemente identificados con chaleco, un casco y con la leyenda “Prensa” y la credencial que los acredita como prensa.

Los informes de la fundación también muestran que, durante las protestas en todo el país, los periodistas fueron estigmatizados, perseguidos y maltratados por la policía. Incluso se afirma que se han llevado a cabo acciones de espionaje contra periodistas. La fundación ha pedido a la policía nacional y a los fiscales que abran investigaciones disciplinarias contra todos los agentes de policía que participaron en ataques contra los profesionales de la información.

Además, la fundación ha registrado hasta el 15 de septiembre de 2021 un total de 108 ataques contra periodistas por parte de particulares que participaban en la manifestación. Según la FLIP, las razones de los ataques de manifestantes civiles contra periodistas se deben al hecho de que los periodistas han registrado o documentado cómo estas personas cometieron actos vandálicos en edificios públicos del Estado y/o en propiedades privadas.

Debido a la escalada de violencia que enfrenta la prensa en Colombia desde el inicio de las manifestaciones el pasado 28 de abril, Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Fundación Colombiana para la Libertad de Prensa (FLIP), advirtieron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UNESCO sobre estos hechos y pidieron también a los organizadores de la huelga nacional, a los jefes de Estado y de Gobierno, a representantes del sector público, a los movimientos sociales, a los partidos políticos, al Ministerio del Interior y a la policía nacional rechazar públicamente todas las formas de ataques y actos de violencia contra la prensa a fin de prevenir futuros ataques.

En particular, las organizaciones mencionadas pidieron al presidente que envíe un mensaje claro de tolerancia cero para los miembros de la fuerza pública que están o han estado involucrados en ataques contra la prensa. Además, se pidió al presidente Duque que tomara medidas decisivas y urgentes para la protección transversal de la prensa antes, durante y después de la manifestación, tal como se consagra en el Estatuto para la Protección del Derecho de los Ciudadanos a la Protesta Pacífica. «Su ineficiencia alienta las decisiones editoriales hacia la autocensura, comprometiendo los valores democráticos», dice Jonathan Bock.

Para proteger a los periodistas contra el aumento de la violencia en relación con la cobertura de las manifestaciones, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el apoyo financiero de Reporteros sin Fronteras (RSF), decidió en junio proporcionar kits de protección a periodistas de diversos medios de comunicación del país, quienes realizaron esta petición de manera voluntaria. El Kit de protección contiene un chaleco traumático, un casco táctico, un chaleco con la leyenda “Prensa” y una máscara de cara completa.

Ataques a la prensa

La fundación ha identificado 14 tipos de ataques contra los medios de comunicación y sus representantes relacionados con el cubrimiento del paro nacional en Colombia. En la categorización se pueden identificar lesiones físicas contra periodistas, amenazas y acoso. Además, las violaciones contra la libertad de prensa son también ejercidas por automatismos, como acciones arbitrarias en redes sociales y ataques de hackers a los sitios web de medios.

Otros métodos de restricción de la libertad de prensa reconocidos por la Fundación para la Libertad de Prensa han sido la obstrucción y la restricción del acceso a la información. También existen denuncias de casos en los que el material periodístico ha sido robado. Como también algunos otros casos en los que periodistas han sido obligados a borrar grabaciones e información.

Preocupante es el uso del escenario de protesta social con el objetivo de «debilitar uno de los pilares de las sociedades democráticas: la prensa libre e independiente», señala un pronunciamiento de la FLIP publicado en su página web.En una democracia, el derecho a la protesta y el derecho a la información y a ser informados son fundamentales.  Estos derechos aún no están garantizados en Colombia.

El número de agresiones en contra de periodistas en el marco del paro nacional en Colombia han sido sistemáticamente clasificadas y registradas por la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, como se puede ver en detalle en el gráfico que acompaña este análisis.

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