Polémica y bloqueo. Esas son las palabras que mejor podrían definir el presente concurso público para escoger al Consejo de Administración de RTVE desde que se inició en 2018. Un período de 30 meses en el que Rosa María Mateo asumió el puesto de administradora única provisional, mucho más tiempo del que se esperaba.
No obstante, parece que está más cerca que nunca la llegada de una dirección fija. Este 2021 puede ser el año en el que se ponga punto final a un camino marcado por incontables trabas, por lo que la prudencia a estas alturas debería ser mayor aliada que la euforia.
La llegada de la administradora única y su turbulento mandato
El 27 de julio de 2018, tras fallar las anteriores vías para elegir la dirección del ente público (precedidas de gran incertidumbre), la periodista Rosa María Mateo fue nombrada administradora única provisional de RTVE. Consiguió la mayoría absoluta de la Cámara (con 180 votos a favor, 1 en blanco y 131 nulos) pero no sin suspense. Dos días antes se había procedido a la votación, en la que precisaba dos tercios del apoyo de los diputados, cosa que no logró. Fue entonces cuando se llevó a ese segundo sufragio.
En los meses siguientes, el Congreso y el Senado establecieron las normas del concurso público para elegir la dirección definitiva, dando así sus primeros pasos. Se abría de esta forma una convocatoria de la cual saldrían 20 aspirantes elegidos según diferentes baremos (trayectoria, proyecto…) por un comité de expertos. A continuación, comparecerían ante el Congreso y el Senado para exponer sus planes para la corporación. De ahí saldrían los 10 consejeros y, finalmente, el Congreso elegiría al presidente.
Sin embargo, si ya había sido complicado el nombramiento de María Mateo, durante el año 2019 fue todavía más difícil, que el proceso siguiera su curso. Esto se debió a las inéditas dos elecciones vividas ese año, en abril y noviembre.
La investidura de Pedro Sánchez no provocó un acelerón porque apareció otro ineludible impedimento: el coronavirus. El bloqueo volvió a abrazar esta situación hasta bien entrado el otoño. Entretanto, fallece la aspirante a la que mayor puntuación le había dado el comité de expertos, Alicia Gómez Montano, y se presentan un buen número de disconformidades en torno al proceso de selección en forma de recursos. Algunos se quejaron de que se hiciera la valoración de los proyectos tras conocerse la puntuación de los currículos, mientras que otros candidatos alegaron que los informadores inexpertos en gestión salían beneficiados por los baremos.
La situación actual: 94 candidatos para 10 puestos
El 16 de noviembre de 2020, la vicepresidenta primera de la Cámara alta, Cristina Narbona, anuncia que la treintena de recursos recibidos se había tramitado. Esta noticia se une al acuerdo alcanzado en octubre por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE (compuesta por tres representantes del PSOE y dos del PP) para que todos los aspirantes comparecieran ante el Congreso, en lugar de los 20 mejor valorados que en un principio se había previsto.
De esta forma, el 13 de enero, la totalidad de los 94 candidatos que se presentaron en 2018 comenzaron a exponer sus planes para RTVE. La Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados presenció las ponencias de los cinco mejor puntuados: Francisco Javier Montemayor, Rafael Camacho, José Manuel Pérez, Manuel Adrián Ventero y Francisco Moreno. En las semanas siguientes continuaron las exposiciones, las cuales se espera que finalicen el próximo 10 de febrero.
No cabe duda de que el proceso arranca tras tanto tiempo con el freno de mano, aunque la polémica continúa como copiloto. No solo resuenan las desavenencias de los recursos, sino que tampoco parece contentar a todos el poco tiempo para las exposiciones (media hora, que se ve rebajada considerablemente por las preguntas) e incluso se rumorea que ya están elegidos los futuros consejeros, según informó El País.
Decenas de ponencias, pero solo serán 10 consejeros los elegidos: seis, por el Pleno del Congreso de los Diputados, y los cuatro restantes, por el Pleno del Senado, siendo necesaria una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras. Se necesita prudencia, vistos los precedentes: una evolución polémica y empedrada hasta la saciedad.
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