La política informativa del gobierno alimentó las teorías de la conspiración

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El 8 de enero de 2020 el socialista Pedro Sánchez tomó posesión como presidente del Gobierno tras la repetición de las elecciones y con una mayoría débil y fragmentaria en el Parlamento. En esas elecciones la extrema derecha de Vox logró por primera vez representación en el Congreso (52 diputados, tercera fuerza). El 14 de marzo Sánchez declaró el estado de alarma y el confinamiento de los españoles en sus hogares.

Desde el inicio de la crisis sanitaria Vox ha acusado al gobierno de “ser responsable de la muerte de miles de españoles”, “ocultar y maquillar las cifras de muertos”, “borrar informes médicos” “promover el paro, la ruina y la miseria” e instaurar el comunismo y el modelo de Venezuela. También han acusado a los medios de comunicación de dejarse comprar con financiación pública, ser usados “para silenciar el clamor popular y minimizar las protestas”, divulgar fake news y ser cómplices de la eliminación de la libertad informativa. Estas acusaciones llegan desde un partido que impide sistemáticamente la entrada a sus actos de los periodistas de los medios críticos con sus propuestas.

Sabemos que buena parte de la batalla política se centra ahora en dominar el relato, y Vox está ganando esta batalla en contraste con un gobierno que ofrece más información y más comparecencias públicas que nunca. La errática política informativa y diversos errores explican en parte por qué Vox está logrando erosionar al gobierno usando de forma sesgada la crisis del coronavirus.

Ruedas de prensa con preguntas filtradas

El presidente del Gobierno ofrece una rueda de prensa cada semana. Al no poder ser presenciales, se implementó un modelo que ha recibido muchas críticas de la profesión periodística: los informadores mandan sus preguntas a través de un canal de whatsapp y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, selecciona las que considera pertinentes y las lee al presidente. El 21 de marzo, varios periodistas se pusieron de acuerdo para pregunta al presidente si tenía pensado ampliar el estado de alarma: pero la pregunta no fue leída. Oliver alegó que el presidente quería informar primero a los presidente autonómicos con los que se reunía al día siguiente: las decisiones estratégicas y políticas cercenaron el derecho de los periodistas a querer saber.

El resultado fue que varios medios decidieron retirar a sus periodistas de este tipo de ruedas de prensa. Más de 500 periodistas firmaron un manifiesto con el título La libertad de preguntar: recordaban que con el estado de alarma, el Gobierno disfruta de unos poderes «muy superiores a los normales», por lo que «es importante que la prensa realice su labor de control, más aún cuando el Parlamento ha limitado enormemente su actividad». La principal forma de ejercer esta función desde el periodismo es a través de las preguntas –y las repreguntas– a los miembros del Gobierno». Solo entonces, desde el 5 de abril, se realizaron ruedas de prensa con preguntas sin filtrado.

El responsable de emergencias sanitarias, Fernando Simón, se ha convertido en una figura mediática a través de sus comparecencias diarias. Durante los dos primeros meses se enfrentaba a los medios acompañado por responsable policiales y militares: ha habido muchas críticas por el uso de metáforas bélicas y por unos mensajes que trataban a la población como si fuesen soldados en una batalla. El máximo responsable de la Guardia Civil, preguntado sobre los bulos y noticias falsas que circulaban esos días, declaró que se revisaban las redes sociales para minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

Encuestas y redes sociales

Aunque el Ministro de Interior desmintió ese punto, llovía sobre mojado: el Centro de Investigaciones Sociológicas había introducido en su encuesta de abril una pregunta sobre una posible limitación de la libertad de expresión en las redes para contener los bulos. En esos mismos días, Whatsapp anunció que iba a restringir el reenvio de mensajes de forma masiva para frenar la desinformación: muchos medios y perfiles ligaron esta iniciativa -que afecta a todos los países, no solo a España- con un mensaje que la red transmite a sus usuarios recomendando el uso de fact checkers como Newtral o Maldita.es. La conclusión era que estos medios censuraban en las redes sociales la información que pudiera perjudicar al gobierno.

Las ruedas de prensa presenciales volvieron en la última semana de mayo y los responsables de la policía y el ejército dejaron de aparecer junto a los portavoces de sanidad el 25 de abril. Pero la acumulación de errores y la creación interesada de relaciones causa-efecto entre decisiones políticas y acciones de los medios permiten a la extrema derecha mantener constantemente un discurso conspiratorio según el cual redes sociales, medios de comunicación y gobierno cooperan para empeñar la realidad y apagar las respuestas de los ciudadanos.

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