El Gobierno de España publicó, el 5 de noviembre de 2020, el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. La base legal de la estrategia europea contra la desinformación son dos documentos de la Comisión Europea: el Plan de Acción contra la desinformación (diciembre de 2018), y el Plan de Acción para la Democracia. El primero, se centra en las injerencias electorales a raíz de la difusión de fakes news de terceros países en las elecciones estadounidenses de 2016. El segundo, en el pluralismo de los medios y la libertad de prensa, en el contexto de la pandemia del coronavirus.
El fenómeno de las desinformaciones no ha llegado con el siglo XXI. Según Pilar Cousido, profesora de Derecho Constitucional de la UCM, la novedad actualmente es el soporte que la tecnología ofrece y la simultaneidad y universalidad de la desinformación. Sin embargo, el fenómeno como tal es clásico, incluso, históricamente. La cuestión es que la capacidad de desinformar actual es gigantesca, debido a la ingente cantidad de información que existe y a la dificultad de manejar el tiempo real.
La ambigüedad en la redacción es una de las principales críticas al procedimiento. El texto, aunque no define claramente la desinformación, encarga su vigilancia al Comité de Situación (CSN), la Secretaría de Estado de Comunicación (Presidencia del Gobierno), la Comisión Permanente contra la Desinformación, coordinada también por la Secretaría de Estado de Comunicación, las autoridades públicas competentes (sin especificar), el sector privado y la sociedad civil.
Bajo el punto de vista de Cousido, la adopción de un procedimiento contra la desinformación que no se concreta ni en medidas ni en sanciones específicas, tipificadas, que proporcionen seguridad jurídica, no deja de ser un planteamiento muy inseguro y con ínfulas protectoras, propio del Estado socialdemócrata que tiende a generalizarse entre los europeos.
Problemas jurídicos
El procedimiento presenta dudas legales sobre los limites de la regulación informativa con el marco legal del art. 20 de la Constitución Española, que recoge el derecho fundamental de la libertad de expresión. Creo que las medidas legales existentes son suficientes para atajar los desmanes informativos. Incluso la LSSI+CE ofrece, desde su entrada en vigor, criterios jurisdiccionales bastante claros a la hora de exigir responsabilidades.
Otro de los problemas que encuentra la profesora Cousido es la falta de consecuencias concretas para quien lo incumpla: No se concluyen las medidas a adoptar contra los responsables de la desinformación. Pero, ¿qué consecuencias esperan a quien desinforme dolosamente? ¿Qué ocurre cuando los desinformadores son nacionales de terceros Estados o actúan desde servidores localizados fuera de España o del Espacio Económico Europeo (E.E.E.)? Estaríamos en el terreno de la política internacional y, en ese terreno, vemos día a día que no tenemos nada que hacer.
Y aún ve un mayor conflicto si los desinformadores son nacionales o están en servidores radicados en España, puesto que habrá que mirar a la LSSI o al Código Penal o a cualesquiera otras leyes que permitan actuar administrativa o civilmente. No me cabe la menor duda de que si se iniciara un procedimiento administrativo contra un medio español en virtud de su actividad de desinformación habríamos entrado en una senda inconstitucional, la que trata de evitar nuestro artículo 20 cuando excluye la censura.
La crítica a esta política del Gobierno de España fue férrea entre los partidos de la oposición: las acusaciones terminaron en el Tribunal Supremo, quien rechazó, el pasado 4 de Enero, aplicar medidas cautelarísimas para suspender la vigencia del procedimiento de actuación contra la desinformación. Creo que es posible que finalmente declare el procedimiento inconstitucional y que así debería ser por cuanto he argumentado arriba, concluye Cousido.
Medidas adoptadas en la Unión Europea
Desde 2015, la Comisión Europea se esfuerza por luchar contra la difusión de fake news y evitar así la intoxicación informativa. Sobre todo, en momentos relevantes como las Elecciones al Parlamento Europeo en 2019 o durante la pandemia de COVID-19. En 2018, la Comisión fijó la estrategia para seguir e instó a los gobiernos de la UE a que aprobaran sus propios planes, entre los cuales hay grandes diferencias.
Reino Unido
El Gobierno británico cuenta desde 2018 con la Unidad de Respuesta Rápida (RRU) para contrarrestar la difusión de desinformaciones. Detecta aquellas posibles fake news, informa a la institución afectada, la cual crea un contenido para “reequilibrar la narrativa”, y promueve una versión oficial.
Además, cuentan con una campaña de toma de conciencia pública de la amenaza, llamada Don´t Feed The Beast («No Alimentes a la Bestia»), indicando a la ciudadanía los cinco puntos clave para distinguir fake news.
Italia
Los partidos políticos usaron las fake news como arma en las redes sociales para conseguir más votos durante las elecciones. A finales de julio de 2020, se aprobó una comisión de investigación que propondrá nuevas leyes para combatir la desinformación. El partido de Matteo Renzi impulsó esta medida, pero fue rechazada por toda la oposición.
Francia
La oposición política y medios de comunicación rechazan la ley aprobada por el Gobierno. Esta permite a un candidato o partido recurrir a un juez para que emita un recurso de urgencia que frene la difusión de informaciones falsas durante los tres meses precedentes a un escrutinio nacional. Solo se puede cesar la difusión si el carácter inexacto o falso de la información es “manifiesto” o si supone un riesgo real «de alteración de la sinceridad del escrutinio con esa información».
Alemania
El Gobierno Federal no aplica ningún mecanismo legal para combatir la difusión de desinformaciones. La Agencia Federal de Educación Cívica ofrece en su web instrucciones para poder detectar noticias falsas. A diferencia del objetivo del Gobierno español, en este país el combate a la desinformación está en manos de las redacciones de los medios o de organizaciones sin ánimo de lucro como Correctiv, especializados en fact checking.
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