En América Latina, la política suele ser imprevisible. Mientras Brasil vive un giro radical con la declaración de inelegibilidad del Diputado Deltan Dallagnol, antiguo miembro de la Fiscalía que acusó al presidente Lula –con la posterior anulación por parte de la Corte Suprema–, el mes pasado, el congreso peruano recusó una demanda contra la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien sucede a Pedro Castillo, destituido por impeachment al intentar disolver el congreso peruano.
Los juicios políticos son constantes en el continente americano, como resultado de una conjugación de factores. No obstante, el impeachment de Guillermo Lasso abre un capítulo inédito en este contexto, con el uso del decreto presidencial previsto en el artículo 148 de la constitución ecuatoriana, que le da la prerrogativa de disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones tanto al legislativo como al ejecutivo. Por esta razón, dicho dispositivo es apodado como “muerte cruzada”, y, sólo con un decreto, Lasso terminó la fiesta del impeachment y mandó a casa a sus acusadores.
¿Qué es la muerte cruzada?
La muerte cruzada es un recurso institucional incluido en la Constitución de Ecuador de 2008 y permite al presidente disolver la asamblea “a su juicio”. En la Constitución, ese recurso se puede utilizar cuando (art. 148): 1 – La Asamblea arroga funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; 2 – si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, 3 – o, por grave crisis política y conmoción interna.
Esta prerrogativa presidencial sólo se puede ejercer una única vez, dentro de los 3 primeros años del mandato (en Ecuador, el mandato presidencial dura 4 años y sólo se admite 1 reconducción) (Constitución de Ecuador, arts. 148 y 144). Así, en un máximo de 7 días desde la publicación del decreto, el Consejo Nacional Electoral convocará nuevas elecciones legislativas y presidenciales para gobernar durante el tiempo que les sobra del mandato anterior (en portugués, lo llamamos “mandato tampón”).
Lo más increíble (o incoherente) es que el Presidente disuelve la Asamblea, e, incluso, decreta su salida del cargo, y es por esto mismo por lo que ese recurso es llamado muerte cruzada: es un suicidio. Pensando en ello, la primera cosa que me viene a la cabeza son aquellas escenas de las películas del Oeste, en las cuales los vaqueros se enfrentan en un duelo, pero ambos mueren.
Si el presidente también pierde su asiento, ¿por qué lo hace?
Tal vez me pregunten: pero Profesor, si el presidente también pierde el asiento, ¿por qué él decretó la muerte cruzada? Aquí está la cuestión: para que pueda gobernar con discrecionalidad y sin la oposición de la Asamblea.
Hasta que se instale la nueva Asamblea, el presidente podrá gobernar a través de decretos-leyes (normas del ejecutivo que tendrán estatus de ley, ya que el legislativo fue disuelto), con la justificación de urgencia económica, tras el parecer favorable de la Corte Constitucional. Estos decretos podrán ser derribados o mantenidos por la nueva Asamblea, una vez que haya sido constituida.
En la práctica, esta pulseada entre los dos poderes muestra que, por un lado, los legisladores cometieron suicidio, porque ellos perdieron su mandato casi de inmediato. Mientras que, el presidente pudo sobrevivir para gobernar sin la obstrucción del legislativo y por medio de estos decretos-leyes, lo que es peligroso.
Aunque haya una previsión en la Constitución de que la Corte Constitucional aprueba estos decretos, la lista de pendientes de la corte y el modo de decisión de los órganos judiciales (que lleva una dinámica diferente) de las legislativas. En el legislativo, los parlamentarios votan las materias simultáneamente, en cuanto que el judicial, cuando tribunales colegiados, adoptan el “sistema de votos”, y la dinámica para que la corte encierre el dictamen sobre la materia que lleva más tiempo.
¿La mezcla de parlamentarismo y presidencialismo suele funcionar?
Recuerden que este recurso de disolución de legislativos es típico de los sistemas parlamentaristas, que pueden variar su dinámica entre sus constituciones, pero no cuentan con una separación de poderes más definida, ya que el Ejecutivo es electo dentro del propio legislativo (Parlamento) y depende de su aprobación para sobrevivir. Estos instrumentos típicos del parlamentarismo, cuando son llevados a las constituciones presidencialistas pueden no funcionar muy bien (a veces es como intentar poner una piscina en un departamento diseñado como un estudio, lo que haría llorar incluso a los propios arquitectos).
Cabe destacar que la Constitución peruana también predice la prerrogativa presidencial de disolver el Congreso en su art. 134, en caso de que el legislativo decidiera censurar o negar la confianza a su Consejo de Ministros. Este dispositivo fue la causa de bastantes crisis en Perú, lo que daría lugar a muchos otros análisis.
¿Y la muerte cruzada es o no es constitucional?
Cuando hice el primer análisis, todavía no se había intentado cuestionar la constitucionalidad del decreto en la Corte Constitucional, sin embargo, la discusión ya se había establecido en el país. Aunque no soy experto en el sistema judicial de la Corte Constitucional de Ecuador, no creo que sea inconstitucional la posibilidad de que el Presidente lo use (porque está previsto en la constitución), pero es cuestionable su uso en medio del juicio. Es como si alguien fuera a juicio y, viendo que va a ser condenado, sacara un arma y matara a su juzgador.
Mas, desde el miércoles hasta hoy, la Corte Constitucional de Ecuador ya analizó 7 demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto Ejecutivo n. 741. Les recuerdo que esa fue la razón invocada (no exactamente en estos términos) cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil consideró inconstitucional la renuncia del entonces Presidente Collor el 29 de diciembre de 1992. Minutos antes de empezar su juicio, Collor le pidió a su abogado que leyera la carta ante el plenario del Senado brasileño. En aquel momento, Collor ya había percibido que sería condenado. Por último, no se debe olvidar que las fuerzas armadas (como suele suceder en Latinoamérica) pidieron respeto a la decisión de la muerte cruzada implementada por Lasso.
Artículo traducido por Luis Gabriel Martínez Montenegro.
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