La normativa gubernamental contra la desinformación avanza en sus primeros meses de andadura y aplicación en España. El 30 de octubre de 2020, se aprobó y publicó en el BOE esta nueva normativa adoptada por el gobierno de España con el propósito de controlar las fakes news. Esta iniciativa surge a raíz del plan de lucha contra la falsa información establecido por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (aprobado los días 13 y 14 de diciembre de 2018), que encuentra su razón de ser en las estadísticas obtenidas por el Flash Eurobarometer 464 de 2018, el cual expone que “el 88 % de los ciudadanos consideran que la desinformación es un problema en España, y el 66% afirma encontrarse con información falsa o que malinterpreta la realidad al menos una vez a la semana».
Este plan, tiene como objetivos principales el desarrollo de capacidades en el seno de la Unión, y fortalecer la cooperación entre sus Estados miembros; e incluye un paquete de medidas destinado a hacer frente a la desinformación durante los procesos electorales europeos, así como los nacionales y locales que se celebraron en los Estados Miembros en 2019. Otro objetivo que se persigue con esta normativa, considerando que la desinformación puede afectar y afecta a muchos campos de la sociedad, es combatir la «infodemia» que ha surgido entorno al COVID-19, cuyos estragos todavía se aprecian.
Normativa gubernamental, grave problema español
Según el segundo apartado del documento publicado en el BOE, la intención de esta ley es establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación, que en España se está convirtiendo en un gravísimo problema debido al rápido progreso del entorno digital, el uso intensivo de los medios digitales y la complejidad de las temáticas que se abordan desde esas plataformas.
Ante ese novedoso panorama, los legisladores autores de este nuevo marco jurídico, han tenido que enfrentarse a numerosos retos que definiesen todos los aspectos implicados, como la identificación de los órganos, organismos y autoridades que formarían el sistema de control y el establecimiento de los procedimientos para sus actuaciones. Dichos procedimientos, han sido orientados a enfocar, mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde. También ha sido preciso evaluar su contenido.
Un organigrama muy definido
La normativa establece un organigrama de control muy concreto que conforma el Sistema de Seguridad Nacional. La estructura está compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional en primer lugar, el Comité de Situación en segundo término, la Secretaría de Estado de Comunicación como tercer eslabón, la Comisión Permanente contra la desinformación en cuarta posición, la Comisión Permanente contra la desinformación en penúltimo lugar y finalmente el sector privado y la sociedad civil.
Al primero de estos órganos, el Consejo de Seguridad Nacional, le corresponde asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional. El Comité de situación actúa apoyado por el Departamento de Seguridad Nacional. La Secretaría del Estado es la encargada de coordinar la política informativa del Gobierno, así como de la elaboración de los criterios para su determinación. También es la responsable de impulsar y coordinar la política de comunicación institucional. Por último, se ocupa de la gestión de la comunicación en situaciones de crisis, siendo el punto único de contacto con la Unión Europea en el ámbito de la lucha contra la desinformación.
Por su parte, la Comisión Permanente contra la desinformación tiene la función de facilitar la coordinación interministerial a nivel operacional en este ámbito. Su función es asistir al resto de organismos en materia de valoración técnica y operativa ante posibles campañas de desinformación. Las autoridades públicas competentes (Secretaría de Estado de Comunicación, Presidencia del Gobierno, Centro Nacional de Inteligencia, gabinetes de comunicación de Ministerios y otros organismos relevantes) complementan al marco institucional en la lucha contra las fakes news.
No solo normativa, también otros sectores
Finalmente, el sector privado y la sociedad civil son claves en la lucha contra la desinformación, ya que a través de la identificación de noticias faltas y la no contribución a su difusión, la promoción de actividades de formación y concienciación sobre este problema y el desarrollo de herramientas para su evitar la propagación de la desinformación en el entorno digital, contribuirá a frenar este proceso de desprestigio de la verdadera información que ahora sufren Europa y España.
Otro aspecto importante de la nueva normativa aprobada, es que establece cuatro niveles de actuación y activación de protocolos. El primer nivel opera en el ámbito técnico para detectar el problema, en el segundo nivel se encuentran los organismos responsables de la coordinación de campañas contra la desinformación, en el tercer nivel se pueden adoptar decisiones y marcar objetivos de carácter político-estratégico con el objeto de hacer frente a cualquier campaña de desinformación. Por último, en el cuarto nivel, operan los organismos destinados a luchar contra la desinformación en el marco de la seguridad nacional.
Etiquetas desinformación, Legislación, Marco, Normativa
