El gobierno del Reino Unido sometió este septiembre a consulta una propuesta para endurecer la Ley de Secretos Oficiales, aparentemente para disuadir a los espías extranjeros.
Muchos abogados, legisladores y periodistas han argumentado que las leyes relativas a los datos y secretos oficiales necesitan ser actualizadas para adaptarse a un mundo en el que el espionaje y las filtraciones se realizan en gran medida a través de las Nuevas Tecnologías. Pero una lectura más exhaustiva de las nuevas propuestas sugiere que el objetivo es tanto disuadir a los periodistas, como a los denunciantes y a las fuentes para que no pongan en aprietos a las agencias gubernamentales y de inteligencia.
Las palabras «periodista» y «periodismo» no aparecen en ninguna parte del texto principal, y «prensa» sólo en dos ocasiones, y sin embargo, las propuestas confunden implícitamente el periodismo de investigación con el espionaje de Estados hostiles. Recomiendan (unas 38 veces en el texto) perseguir a quienes hagan «revelaciones no autorizadas», lo que incluiría a las fuentes gubernamentales que hablen con los periodistas, y aumentar las penas de prisión de dos a catorce años.
El Ministerio del Interior, dirigido por la ministra de Interior Priti Patel, ha rechazado las recomendaciones de la Comisión Jurídica Independiente, que cuentan con el apoyo de organizaciones periodísticas y jurídicas, en el sentido de que cualquier reforma debe incluir una defensa legal para quienes se considere que actúan en interés público. Esto daría cierta protección a los periodistas y a sus fuentes.
El Doctor Paul Lashmar, autor de este artículo en su versión original en inglés, aduce:
-”Soy un periodista de investigación con más de 40 años de experiencia informando sobre seguridad nacional, y mi libro recientemente publicado, Espías, Espías, prescriptores y el cuarto poder cubre la relación entre el periodismo y la seguridad nacional.
Aunque es muy correcto que se persiga a los espías extranjeros, esta legislación parece más bien diseñada para evitar la vergüenza del gobierno. Existe una gran cantidad de pruebas históricas que demuestran la arraigada tendencia del gobierno y los servicios de inteligencia del Reino Unido a suprimir el periodismo en un esfuerzo por encubrir sus fechorías. De hecho, muchas operaciones ilegales sólo han salido a la luz gracias a la colaboración de denunciantes y periodistas.”
Secreto de Gobierno
Desde 1889 existe una Ley de Secretos Oficiales dirigida a los espías y a los funcionarios corruptos. El Parlamento británico, presionado por Vernon Kell, de la nueva Oficina del Servicio Secreto (que más tarde se dividió en el MI5 y el MI6), aprobó en 1911 una nueva Ley de Secretos Oficiales de carácter general. Se aprobó en un día, con un debate mínimo.
Incluso entonces, los periodistas estaban preocupados por los poderes adicionales que la ley imponía en comparación con la versión anterior. La Asociación de Propietarios de Periódicos protestó en su momento por el «gran alcance de las responsabilidades… sobre el público y la prensa», afirmando que su amplio alcance «afecta a cualquiera y a todos».
Como se temía, la legislación se utilizó tanto como herramienta contra periodistas y denunciantes como contra espías extranjeros.
El periodista y escritor escocés Compton Mackenzie había servido como oficial de inteligencia en el Mediterráneo oriental. Sus memorias de 1932, Memorias griegas, contenían una serie de detalles clasificados -aunque insignificantes-, entre ellos telegramas del Ministerio de Asuntos Exteriores en tiempos de guerra y la revelación de que el primer jefe del MI6 era conocido como «C».
Mackenzie fue acusado de comunicar a personas no autorizadas «información que había obtenido mientras ejercía su cargo bajo su Majestad». Se pensó que, al menos en parte, la acusación fue instigada para intimidar al ex primer ministro David Lloyd George, que se proponía publicar unas memorias con todas las garantías.
Mackenzie aceptó un acuerdo de culpabilidad, pero finalmente se vengó escribiendo la novela satírica Agua en el cerebro, que ridiculizaba al Servicio de Inteligencia Secreto (SIS) disfrazado bajo el nombre de MQ9 (E), «Dirección de Inteligencia Extraordinaria».
El caso de Mackenzie fue sólo uno de una serie continua de procesamientos a lo largo de los años.
En 1989 se promulgó una ley aún más severa, como reacción a la vergüenza del gobierno por una serie de escándalos de inteligencia muy publicitados en la década de los 80, incluido el juicio del denunciante de la guerra de las Malvinas, Clive Ponting, la revelación de que el MI5 investigaba al personal de la BBC y la publicación de las memorias Spycatcher del ex agente del MI5 Peter Wright.
La ley de 1989 se ha utilizado de forma inapropiada. Tomemos el caso de 2018 de dos periodistas de investigación que fueron detenidos en Belfast por el presunto robo de un informe confidencial, que contenía información sobre una masacre legalista en 1994 en Loughinisland, Irlanda del Norte, y la fallida investigación policial sobre los asesinatos.
Los periodistas fueron acusados de manipulación de material robado, divulgación ilegal de información en virtud de la Ley de Secretos Oficiales y obtención ilegal de datos personales -lo que los periodistas llamarían una filtración-, una herramienta vital para servir al interés público. La policía les interrogó durante 14 horas y allanó sus domicilios y oficinas de madrugada; en un caso, incluso delante de niños.
Tras una revisión judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Belfast anuló las órdenes de registro, al considerar que los periodistas no actuaron «más que de forma perfectamente adecuada al hacer lo que la Unión Internacional de Periodistas; (National Union of Journalists, NUJ) les pedía, que era proteger a sus fuentes».
Endurecer la ley de nuevo
Ahora, el gobierno quiere volver a endurecer la ley por la era digital. Pero el verdadero objetivo son los periodistas y sus fuentes ¿Por qué? No hay más que ver el bochorno que han provocado las últimas fechorías de los servicios de inteligencia.
Los periodistas revelaron la connivencia del MI6 con el programa de entregas y torturas de la CIA a mediados de la década de 2000, algo que los funcionarios del gobierno habían negado previamente.
La publicación en 2013 por parte de The Guardian de un archivo masivo de documentos secretos de inteligencia filtrados por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y denunciante Edward Snowden reveló la capacidad de las naciones occidentales para mantener un nivel de vigilancia insospechado incluso por los observadores más informados.
En la opinión del autor de este artículo, Paul Lashmar, –para permitir una nueva ley tan draconiana como la que propone el Ministerio del Interior, tendría que haber una estructura de supervisión muy sólida e independiente, que actualmente no existe-.
Si tomamos los ejemplos anteriores, los organismos formales de rendición de cuentas no han detectado ni el escándalo de las entregas y torturas, ni el avance ilegal del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) hacia la vigilancia masiva. El principal mecanismo de rendición de cuentas de los servicios de inteligencia del Parlamento, el Comité de Seguridad de los Servicios de Inteligencia (ISC), ha sido durante gran parte de sus 25 años, una especie de animador de los servicios de inteligencia más que un guardián del interés público.
Sólo el breve periodo bajo la presidencia de Dominic Grieve, entre 2015 y 19, reveló un comité dispuesto a actuar con firmeza, y entonces fue restringido por el gobierno. La comisión publicó un informe muy crítico sobre las entregas y la tortura que echaba por tierra los desmentidos del Gobierno sobre su participación, pero no lo hizo hasta 13 años después de los hechos descritos.
El Estado no se ha disculpado ni ha dado explicaciones sobre los ejemplos mencionados y muchos otros casos. Para los periodistas, aceptar las nuevas propuestas supondría un enorme salto de fe en que el gobierno utilizaría dicha legislación de forma proporcional y sensata.
La nueva legislación inclinaría el delicado contrato entre la libertad personal y la seguridad nacional hacia una postura más autoritaria, con un decidido efecto de enfriamiento de la investigación periodística. Nunca ha habido un momento más importante para el control riguroso del complejo de inteligencia por parte del cuarto estado, y muchas de las propuestas de esta consulta serían un elemento disuasorio más para el periodismo de investigación robusto.
Título original: Official Secrets Act: UK government has a long history of suppressing journalism to hide its misdeeds
Autor Original: Dr. Paul Lashmar
Autor de la traducción: Leticia Sánchez de Pablo
Etiquetas investigación periodística, ley de secretos oficiales, Periodismo de Investigación, periodismo y sus fuentes, periodista de investigación, Reino Unido
