En contra de lo que solemos pensar, Internet no es gratuito, y tampoco está descontrolado. Una reciente investigación ha revelado que su infraestructura es propiedad de un conjunto de empresas internacionales de telefonía móvil, políticos y empresarios, algunos de los cuales tienen vínculos con el crimen organizado o antecedentes delictivos.
Los investigadores descubrieron que varias empresas que controlan una parte importante del mercado de Internet, ocultan la identidad de sus propietarios detrás de una red de corporaciones internacionales. El acceso a la información supuestamente pública que obtenemos a través de la red se conecta a través de estas empresas internacionales, que a menudo están controladas por personas que tienen antecedentes por corrupción, evasión fiscal y fraude. En otras ocasiones, Internet también puede estar controlado por el estado, como sucede en Turquía y ahora está sucediendo en Corea del Norte.
El reciente estudio; ¿Quiénes son los guardianes de Internet ?, está basado en una investigación detallada sobre la propiedad de los medios de comunicación en determinadas zonas del planeta por parte de periodistas e investigadores académicos. Para elaborarlo, se utilizaron datos para mapear a los principales propietarios de esta infraestructura digital (Internet, cable y satélite) en Europa del Este y el sur del Cáucaso, específicamente en Armenia, Bulgaria, la República Checa, Hungría, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania.
Internet en Rumania, Serbia y Ucrania vinculado a paraísos fiscales
En Rumanía, por ejemplo, los investigadores analizaron a los quince mayores proveedores de servicios de Internet. Entre estas empresas, se reparten el control del tráfico de Internet en el país. De esas quince empresas, las identidades de diez de sus propietarios permanecían ocultas detrás de complejas redes de empresas offshore (registradas en paraísos fiscales) e intermediarias. Los vínculos entre estos propietarios y sus empresas se revelan en el portal web del este proyecto. Los gráficos detallados en ese enclave, revelan las identidades de los propietarios, así como sus redes comerciales y de accionistas.
Los investigadores también descubrieron que más de diez de esas quince empresas rumanas estudiadas tienen vínculos con grupos políticos, y que casi la mitad (seis de cada quince) de los proveedores de servicios de Internet, ISP, están relacionados con personas o empresas que en la actualidad se enfrentan a cargos penales relacionados con el fraude, el soborno , la falsificación de documentos o el uso ilegal de propiedades estatales.
En comparación con otros países estudiados, Rumania tiene un número particularmente elevado de personas y empresas involucradas en juicios penales. Probablemente sea un efecto de la intensificación de las acciones anticorrupción y no de un mayor nivel de delincuencia en comparación con otros países de Europa del Este o del Cáucaso meridional.
En la Figura 1 se muestra una imagen de los mayores propietarios de infraestructuras de datos en Rumania.
Fig. 1. Los principales proveedores de comunicaciones electrónicas en Rumanía. Imagen de EurActiv utilizada con permiso
Pasemos a Ucrania, donde los trece proveedores de servicios de comunicaciones analizados por los investigadores parecían inicialmente inversores extranjeros. Sin embargo, la mayoría de los proveedores de servicios de Internet de Ucrania están controlados por empresarios ucranianos, que operan a través de empresas internacionales con sede en paraísos fiscales como Chipre y Las Islas Vírgenes.
Casi la mitad de las empresas examinadas en Ucrania ocultaban datos sobre sus propietarios. La policía ha vinculado al jefe de al menos una de las mayores empresas de telecomunicaciones del país con algunas redes criminales.
Aunque existen denuncias sobre negocios ilegales de algunos propietarios de ISP, no se identificaron vínculos firmes con personas o empresas con casos penales pendientes. Los tres grandes dueños de Internet en Ucrania están representados en la Figura 2
Fig. 2. Principales proveedores de comunicaciones electrónicas en Ucrania. Imagen de EurActiv utilizada con permiso.
En el caso de Serbia, los diez principales proveedores de servicios de Internet son de procedencia desconocida. “Resulta interesante que tantos ISP domésticos operen en secreto, dado su acceso ilimitado a los datos altamente personales de los usuarios. Si bien las instituciones estatales controlan el uso y el intercambio de estos datos, no parecen demasiado interesadas en averiguar quiénes son los propietarios de los ISP, algunos de los cuales desaparecen en un laberinto de empresas extraterritoriales, apoderados y abogados que ocultan a los verdaderos propietarios ”, dicen los periodistas serbios.
En Armenia y Bulgaria, los periodistas identificaron vínculos rusos con la propiedad del ISP, en Moldavia el estado controla una gran parte del mercado y en Serbia uno de los ISP apareció en los archivos de Edward Snowden.
A través de datos contrastados y del estudio del análisis de la propiedad de los ISP en una región delicada, el equipo de periodistas e investigadores esperan difundir la propiedad y el acceso a los datos en Europa del Este y el Sur del Cáucaso en conocimiento de la opinión pública.
¿Por qué es importante la información sobre los propietarios de los medios?
En el proyecto de investigación al que nos referimos al principio del artículo, participaron periodistas de investigación de dos redes internacionales, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y Rise Project, que están especializados en rastrear los vínculos financieros entre la política, el crimen organizado y negocios aparentemente legítimos. Se basaron principalmente en informaciones públicas disponibles en países donde existe legislación sobre libertad de información.
En un artículo publicado en la Revista Rumana de Periodismo y Comunicación, Manuela Preoteasa y Andrei Schwartz, dos de los investigadores que participaron en el estudio, explican la importancia que tiene conocer a quién pertenecen las empresas que controlan el acceso a la información y la opinión porque, como declaran «Internet se ha convertido en la herramienta de comunicación más importante del mundo. La infraestructura de Internet, compuesta por Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y por sus interconexiones globales, ilustra una serie de capacidades técnicas que tienen potencial y capacidad para llegar a infringir la libertad [de expresión e información]».
Las transacciones bancarias se realizan cada vez más a través de Internet. La policía y los fiscales se comunican mediante la infraestructura de las telecomunicaciones. La comunicación política y el acceso a la información de una empresa y sus productos se realiza a través de Internet. Sin embargo, a pesar de su importancia, sabemos muy poco sobre quién controla las redes.
Preoteasa y Schwartz destacan temas preocupantes en relación con la propiedad y el control de la infraestructura de Internet, entre los que se encuentran los siguientes:
- La capacidad del propietario del ISP para limitar o bloquear el tráfico de un proveedor de contenido específico a una audiencia específica.
- La libertad de expresión, protegida a través de la intervención gubernamental por leyes en muchos países, y que resulta potencialmente vulnerable a las intervenciones de empresas comerciales.
- Para limitar posibles abusos contra la libertad de expresión, como los discursos de odio, debe establecerse una cooperación público-privada que vincule la visión del Gobierno de cada país o de su Parlamento con las capacidades técnicas del ISP, con el fin de bloquear el acceso a un sitio en particular.
- La colaboración público-privada se utiliza, en ocasiones, para limitar o prohibir en Internet las voces de los opositores políticos en determinadas regiones. Existen ejemplos de abusos recientemente cometidos en países con regímenes autoritarios o semiautoritarios.
- A nivel internacional no existen iniciativas regulatorias para asegurar un acceso a Internet libre y seguro para los usuarios. Las iniciativas se aíslan en algunos países europeos o de Estados Unidos de la legislación genérica sobre la neutralidad de la red.
En base en estas consideraciones y con la experiencia previa sobre la propiedad de los medios, Preoteasa y Schwartz sugieren tres conceptos clave para analizar a los propietarios de la infraestructura de las telecomunicaciones:
(1) Transparencia de las estructuras de propiedad (tan sencillo como que los usuarios puedan descubrir quién tiene el control sobre su conexión a Internet).
(2) Conocimiento exacto de su filiación política.
(3) Conocimiento de su afiliación a otros grupos de interés (asociaciones relacionadas con grupos violentos, xenófobos, etc).
“Para ser claros, conviene identificar quiénes son los propietarios de un medio de comunicación y la naturaleza de sus intereses, lo que en ocasiones no se traduce solo en identificar su interferencia en la actividad editorial de ese medio”, escriben Preoteasa y Schwartz. «Tal intrusión es un caso de ‘dominio’ que para ser probado necesita la evidencia definitiva de que se ha dado un comando directo para modificar la política editorial en cierta medida».
El informe concluye que la recopilación de datos sobre la propiedad de los medios es crucial para mantener informado al público, resaltar los potenciales riesgos y mantener la transparencia de la industria. Este proceso también incrementará las medidas contra posibles infracciones de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión o su extensión, la libertad de información.
La investigación continúa para realizar un informe final que incluirá datos minuciosos sobre doce países de Europa del Este y la región del Cáucaso Sur: Armenia, Bulgaria, Georgia, Hungría, Croacia, La República Checa, La República de Moldavia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania. Algunos de los datos ya están disponibles en la web del proyecto.
Este informe forma parte de la sección ¿Quiénes son los guardianes de Internet?, un proyecto, de EurActiv Romania, Rise Project y Organized Crime and Corruption Reporting Project, con el apoyo financiero de la Knight Foundation y el German Marshall Fund / Black Sea Trust.
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